Hoy en día somos testigos de una efervescencia social que está exigiendo
cambios estructurales en el Estado chileno, siendo el tema de la salud uno de
los que siempre ha estado presente en este tipo de demandas. Por esta razón,
que dentro de este espacio deseamos realizar una breve revisión histórica en
materia de promoción de estilos de vida saludable por parte del aparato
estatal, de manera de hacer evidente que las políticas públicas en torno a
estos temas responden al contexto histórico en el cual nos situamos.
De manera de ser prácticos,
podemos destacar tres grandes momentos dentro de la historia del siglo XX en
nuestro país que han marcado las políticas públicas en torno a la promoción de
una vida saludable.
En primer lugar, encontramos al Chile de la primera mitad del siglo XX, marcado
por los efectos de la industria del salitre que ha provocado una oleada
migratoria desde el campo a la ciudad en busca de mejores oportunidades de
vida. Es así como seremos testigos del surgimiento de un nuevo actor social: el
obrero, este sujeto peón del mundo rural que ahora comenzará a vender su fuerza
de trabajo por un miserable salario.
Sin embargo esta masa obrera no aparecerá en las mejores condiciones, ya
que las ciudades no estaban preparadas para recibir a tal volumen de personas comenzará a surgir graves problemas
sanitarios producto de las pésimas condiciones de las viviendas en las que
residirán con sus familias; el hacimiento provocará la proliferación de
enfermedades infecto-contagiosas que mermarán a los sectores populares, así
como también las enfermedades de transmisión sexual serán un gran agente
causante de la mortalidad de este sector social.
Frente a este panorama conocido como “la cuestión social”, el Estado
comenzará a responder a ella una vez terminado el parlamentarismo, cuando aquél
comience a tomar un rol social tratando de dar una solución a los problemas de
los sectores populares. Es así como las primeras políticas públicas que
promoverán estilos de vida saludable se enmarcarán dentro de la corriente
higienista, es decir, aquella “tendencia sanitaria, que precisamente llamaba a
los Estados tomar parte e intervenir en las condiciones determinantes de la salud
de sus ciudadanos”[1]. Por
tanto, observamos que las primeras políticas sobre vida saludable apuntaban a
una política de educación de la población en temas de higiene, siendo el Estado
quien asumía un papel activo y la población actuaba pasivamente, recepcionando
la información. Entonces comenzarán las campañas de vacunación, manipulación de
alimentos, de higiene personal, entre otros.
Cabe destacar, además, que desde que el estado comienza a asumir un rol
social con el establecimiento del Estado del Bienestar, en la década de los ’40,
se incorporará el derecho a la salud como un bien garantizado y promovido por
el estado, especialmente para aquellos sectores organizados de la población, y
por ende, reconocidos ante el aparato estatal.
Un segundo gran momento en temas
de políticas públicas de promoción de una vida saludable lo encontramos en la
segunda mitad del siglo XX. Una época que estará marcada por las influencias de
los procesos internacionales dentro de un contexto de guerra fría. En Chile
veremos un país altamente movilizado, con proyectos de cambio importantes que
promueven la incorporación de aquellos sectores no considerados por el Estado
tales como campesinos, trabajadores no organizados y estudiantes
universitarios.
En materia de salud, uno de los
principales problemas que aquejaba a la población chilena era la alta tasa de
desnutrición infantil, se evidencia que “entre 1950 y 1975 la tasa de
mortalidad infantil cayó de 140 a 58 muertes por cada mil nacidos vivos”[2].
Esta caída de la mortalidad infantil, puede ser explicada gracias a un política
pública que apuntaba a luchar contra la desnutrición, a través de la aplicación
del Plan Nacional de Alimentación Complementaria, la cual consistía en la distribución
de leche en polvo a los grupos de riesgo: madres embarazadas, lactantes y niños
menores de 6 años; todo lo cual se complementaba con controles de salud periódicos.[3]
Como podemos observar, es primera vez que el tema alimentario es parte de una
política pública de gran envergadura en nuestro país.
Finalmente, el momento actual
que podríamos ubicarlo entre fines del siglo XX y la presente década, ha estado
marcado por un sistema de salud segregado, con un reconocimiento abierto en
nuestra carta fundamental de la mercantilización de la salud como derecho. En tanto
que dentro de las principales enfermedades que aquejan a la población chilena,
la obesidad se ha convertido en una de las grandes epidemias del mundo
globalizado, destacando que Chile ocupa el sexto lugar a nivel mundial con una
mayor población obesa.
Frente a esta epidemia, el Estado chileno ha respondido en los últimos
años con diferentes políticas que apuntan al consumo de una alimentación
saludable, a la realización de actividad física y a tener hábitos más
saludables tales como el no consumo de tabaco, alcohol, mayor consumo de agua,
entre otros. Al respecto podemos mencionar políticas públicas tales como la
creación del Consejo Nacional de Promoción de la Salud o Vida Chile (1998), la
ley 20.066 sobre Composición Nutricional de Alimentos y su Publicidad (2012) y
la Ley 20.670, Elige Vivir Sano (2013). Como podemos notar, en los últimos 4
años ha existido una tendencia de amparar estas políticas dentro de un marco
legal, lo cual implica la reestructuración de planes y programas en todos los
ámbitos vinculados a este tema, especialmente en lo que significa la educación
formal.
Por esta razón,
es que nos hemos planteado abordar este tema en nuestro blog contribuyendo al
espacio de educación informal al respecto, considerando que la obesidad es la
puerta de entrada de otras enfermedad crónicas[4]
que hoy son parte de las principales causas de muerte en nuestro país, tales
como los paros cardiorrespiratorios.
No obstante de lo anterior,
creemos que es un deber del Estado generar políticas que apunten a hacer
efectiva la teoría, hoy ya somos testigos de un avance en ello al instaurarse
un programa a nivel JUNJI de promoción de estilos de vida saludable. Sin embargo,
necesitamos que exista una articulación entre todos los niveles de enseñanza
respecto a lo que fomenta la educación inicial[5].
De la misma forma consideramos que existe la necesidad de elaborar una política
que apunte a desarrollar y fomentar el deporte en nuestro país, y eso se
empieza financiando a nuestros exponentes en las diferentes disciplinas. Hoy se
ha dado un gran paso con la ley de etiquetados, pero con una alimentación
saludable no se disminuye por sí sola los niveles de obesidad y sobre peso en
nuestro país. Tal como dice una autora argentina, hoy la promoción de la salud
es un tema estatal, pero que debe promover la participación de todos sus
ciudadanos.[6]
[1]Tapia,
J., Revisión histórica y legislativa del
derecho a la salud en Chile, tesis Universidad de Chile, Santiago, 2015, p 36.
Consultado [Martes 26 de Abril de 2016]. Disponible en: http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/130057/Revisi%C3%B3n-hist%C3%B3rica-y-legislativa-del-derecho-a-la-salud-en-Chile.pdf?sequence=1
[2]
Ibíd., p 76
[3] Ibíd.,
p 77
[4] Lobo, F., Políticas públicas para la promoción
de la alimentación saludable y la prevención de la obesidad, en Revista
Española de Salud Pública v.81 N°5, Madrid, sep-oct 2007. Consultada [Martes 26
de Abril de 2016]. Disponible en http://www.scielosp.org/pdf/resp/v81n5/editorial.pdf
[5]
Salinas, J., Correa, F., Vío, F., Marco normativo para promover una
alimentación saludable en escuelas básicas de Chile, en Revista chilena de
nutrición vol.40 n° 3, Santiago, septiembre 2013. Consultada [Martes 26 de
Abril de 2016]. Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-75182013000300010
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